Timor Oriental se convirtió, en mayo de 2002, en el país más joven del planeta al concluir su proceso de independencia de Indonesia después de muchos años de ocupación y habiendo pagado un alto precio en sangre. Pero las heridas no cicatrizan tan fácilmente y el odio es palpable entre ambas poblaciones. Factores económicos se perfilaron como los desencadenantes de esta tragedia. Los ricos yacimientos de petróleo y gas natural, de uno de los países más pobres de la tierra, fueron motivo para una invasión que contó con el visto bueno de Estados Unidos, que consideraba a Indonesia como un apoyo para frenar el comunismo en la zona.
La aventura que ha supuesto para Timor Oriental alcanzar su actual estatus ha sido larga y difícil. Portugal se hizo con la parte este de la isla de Timor en el siglo XVI y Holanda se quedó con la zona occidental de la ínsula en este reparto de la tarta colonial. Tras siglos de dominio, Amsterdam cedió su zona a la recién constituida Indonesia en 1946. Mientras, Lisboa continuó con el gobierno sobre su área hasta 1975, año en el que el movimiento pro-soberanía Fretilin declaró la independencia del territorio como República Democrática de Timor Este. Inmediatamente después, las tropas de Yakarta invadían el recién autoproclamado Estado convirtiéndole en su 27ª provincia. Portugal se desentendió del problema. La ONU condenó esa anexión y exigió la celebración de un referéndum de autodeterminación.
La lucha de este pequeño territorio, de mayoría católica, por su libertad, contra la nación de fe musulmana más grande del mundo, se saldó con la vida de 200.000 personas (un tercio de su población total). Indonesia, durante 24 años de ocupación, llevó a cabo un genocidio y una intensa represión, especialmente dirigida a borrar la memoria de la cultura autóctona. Los asesinatos, violaciones y saqueos por parte del Ejército contribuyeron a ese proceso. Las cifras de enfermedades y malnutrición se multiplicaron. Por ejemplo: la tasa de mortalidad infantil era del 160 por mil, frente al 68 por mil del resto del país.
La presión internacional hizo que el 30 de Agosto de 1999 se celebrase un referéndum, que resultó con un 79% de los votos a favor de la independencia. Esta victoria no fue aceptada y provocó que milicias proindonesias, con la colaboración de ejército y policía, masacraran a la población civil. La violenta represalia causó 2.000 muertos, destruyó el 80% del territorio y provocó una oleada de 250.000 refugiados en Timor Occidental. Actualmente, la mayoría ha regresado a su hogar, aunque ACNUR estima que decenas de miles continúan en territorio indonesio.
Para detener el conflicto y restaurar la legalidad tuvo que intervenir Naciones Unidas desplegando fuerzas de paz (INTERFET) en la zona. Éste fue el primer paso de un proceso tutelado que culminó en el nacimiento de una república soberana, que mira con esperanza el futuro: en abril de 2003 la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico admitía a Timor Oriental como miembro de pleno derecho y, poco a poco, la región ha empezado a estabilizarse. Además, los autores de los crímenes contra la humanidad perpetrados en 1999 han comenzando a pagar —un tercio de la población podría haber muerto entre 1975 y 1999—. Hay unos 200 acusados por esas masacres, pero tanto la UE como diversas ONG's han denunciado que las medidas que se están llevando a cabo para juzgarlos en el Tribunal de Derechos Humanos de la isla son insuficientes. Por este motivo, en agosto de 2003, Naciones Unidas planteó las posibilidad de establecer un Tribunal Internacional para juzgarles.
A finales de 2003 los efectivos de INTERFET comenzaron a retirarse progresivamente cediendo el control de la seguridad a la policía nacional. A pesar de estos avances, la situación para la población continúa siendo precaria y, según un informe de la FAO, 150.000 personas necesitan ayuda humanitaria. Por estos motivos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió ampliar el mandato de su misión, comprometiéndose junto al Banco Mundial a manterner el apoyo financiero y a colaborar en su desarrollo.
En abril de 2006, la insubordinación de 591 militares, que pedían mejoras laborales, sumió al país en una ola de violencia. A pesar de la presencia de tropas internacionales en la zona, más de 90.000 personas abandonaron el país en menos de un mes. Ante una inminente crisis humanitaria, el presidente declaró el estado de emergencia y asumió el mando de las Fuerzas Armadas y la Policía. En otro frente, el Primer Ministro Mari Alkatiri —líder del Fretilin— anunció su dimisión tras ser acusado de suministrar armas a un grupo de civiles con el fin de eliminar a sus rivales políticos.
En julio de 2006 los rebeldes comenzaron a entregar las armas, y quince días después Xanana Gusmao tomó juramento al segundo Gobierno democrático de la nación desde que alcanzó su independencia en 2002. Tanto el cargo de Primer Ministro —José Ramos Horta— como el nuevo Gobierno son provisionales hasta la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales el próximo abril. Para colaborar con el Gobierno y ayudar a consolidar las instituciones, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado prorrogar la presencia de su Misión Integrada por un año más. Los quince miembros del órgano internacional han expresado su preocupación por la situación "frágil y volátil" que vive el país.
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